Nosotros, los representantes internacionales de los Pueblos Indígenas, reunidos aquí durante la 5ª Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún, México, del 10 al 14 de septiembre de 2003, queremos dar las gracias a los Pueblos Indígenas de México, en especial a los Pueblos Indígenas Mayas de Quintana Roo, por darnos la bienvenida.

Compartimos las preocupaciones expresadas por nuestros hermanos y hermanas indígenas en la Declaración del Congreso Nacional Indígena de Cancún. Unimos nuestras voces a esta Declaración y a sus conclusiones y recomendaciones.

Queremos reconocer y honrar especialmente el sacrificio que realizó aquí en Cancún nuestro hermano coreano, Sr. Lee-Kyung-Hae. Su acto de auto inmolación fue una digna expresión cultural que refleja profundamente la realidad diaria de los efectos de la globalización y de la liberalización del comercio sobre los campesinos y los Pueblos Indígenas en todo el mundo.

Hemos venido a Cancún para tratar de asuntos críticos y de los impactos negativos de las negociaciones comerciales de la OMC sobre nuestras familias, comunidades y naciones.

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con la continuada imposición de las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, nuestra situación, como Pueblos Indígenas, ha ido de mal en peor. Las corporaciones reciben más derechos y privilegios a expensas de nuestros derechos. Nuestro derecho a la autodeterminación, que consiste en determinar libremente nuestro estatus político y buscar nuestro propio desarrollo económico, social y cultural y el ejercicio de nuestros derechos sobre nuestros territorios y recursos, sobre nuestros conocimientos indígenas, culturas e identidades, son flagrantemente violados. Algunos ejemplos clave de los impactos negativos de los Acuerdos de la OMC sobre nosotros son los siguientes:

• Pérdida de los medios de vida de cientos de miles de campesinos indígenas productores de maíz en México, a causa del dumping de maíz artificialmente barato y muy subsidiado, procedente de EEUU, y de decenas de miles de productores de vegetales en la región de la Cordillera de Filipinas, debido al dumping de vegetales. La contaminación del maíz tradicional indígena en México por maíz genéticamente modificado, es un problema muy grave para los Pueblos Indígenas. Todo esto es debido a la liberalización del comercio agrícola y a la desregulación de las leyes que protegen a los productores y productos nacionales exigidas por el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC (ASA). Las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional son los cimientos de la liberalización, privatización y desregulación. Los altos subsidios a la exportación y el apoyo interno dado a ricas corporaciones agroalimentarias y a los ricos granjeros de los EEUU y Europa, también han favorecido esta situación.
• El mayor empobrecimiento de los granjeros indígenas y tribales de las montañas que producen café en Guatemala, México, Colombia, Vietnam, etc. debido a la caída de los precios internacionales del café.
• Los crecientes conflictos entre las corporaciones mineras, de gas y petroleras y los Pueblos Indígenas en Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, India, Ecuador, Guyana, Venezuela, Colombia, Nigeria, Chad-Camerún, EEUU, Rusia o Venezuela, entre otros países, y la militarización y devastación ambiental en estas comunidades debido a las operaciones de estas industrias extractivas. La liberalización de las leyes de inversión apoyadas por el Acuerdo TRIMS (Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio), por las condiciones del BM-FMI, por los acuerdos comerciales regionales como el ALCA y por los acuerdos de inversiones bilaterales, han facilitado la entrada de estas corporaciones.
• El aumento significativo de la militarización de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas, y los muchos casos de asesinatos, arrestos y detenciones arbitrarias de dirigentes y activistas indígenas y de personas que los apoyan, al igual que la criminalización de la resistencia de los Pueblos Indígenas.
• El aumento al apoyo para desarrollo de infraestructuras, particularmente de grandes presas hidroeléctricas, conducciones de petróleo y gas y carreteras en los territorios de los Pueblos Indígenas para apoyar las operaciones de las industrias extractivas, corporaciones madereras y zonas de procesamiento de exportaciones. El desarrollo de infraestructuras, por ejemplo, bajo el Plan Panamá, ha destruido lugares ceremoniales y sagrados de los Pueblos Indígenas en seis estados del sur de México y en Guatemala.
• La patente de plantas medicinales y semillas cultivadas y usadas por los Pueblos Indígenas, como la quinoa, ayahuasca, fríjol amarillo mexicano, maca, sangre de drago, hoodia, tejo, etc. Esta biopiratería y las patentes de seres vivos se ven facilitadas por el Acuerdo TRIPS.
• Los altísimos precios de los productos farmacéuticos y la inaccesibilidad a medicamentos más baratos para enfermedades como la tuberculosis, la malaria o el SIDA, que son enfermedades presentes en las comunidades indígenas, junto con la disminución de servicios públicos de salud en estas comunidades.
• La privatización de los servicios públicos básicos, como el agua y la energía, que en muchos países ha provocado huelgas generales y protestas como las lideradas por los Pueblos Indígenas en Bolivia. El Acuerdo General sobre Servicios (GATS), cuya cobertura va a expandirse para incluir servicios ambientales (instalaciones de higiene, protección de la naturaleza y paisajes), servicios financieros o turismo, entre otros, han permitido esto.
• El socavamiento de los instrumentos internacionales, disposiciones constitucionales y leyes y políticas nacionales que protegen nuestros derechos.

Todos estos acontecimientos son alarmantes. Esta situación mundial ha minado las economías autosuficientes de los Pueblos Indígenas y ha tenido como resultado la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza y la pérdida de tierra, cultura e identidad. Nosotros, representantes de los Pueblos Indígenas, presentes en Cancún durante la celebración de la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, pedimos a los gobiernos que hagan lo siguiente:

1. Reconozcan y protejan nuestros derechos territoriales y sobre nuestros recursos y nuestro derecho a la autodeterminación. El marco legal de los derechos humanos debería ser la base del desarrollo del comercio y las inversiones y de las políticas y programas contra la pobreza. La liberalización de las normas de inversiones como el Acuerdo TRIMS, las condicionalidades del BM y del FMI, que empujan a los países a liberalizar sus leyes para la inversión, los acuerdos comerciales regionales y los acuerdos bilaterales de inversiones, que dan más protección y derechos a las corporaciones que a los Pueblos Indígenas, deben cambiarse. Muchas de estas normas y acuerdos facilitan el desplazamiento de los Pueblos Indígenas y la apropiación de nuestras tierras, aguas, recursos y conocimiento. Los pueblos indígenas que han sido desplazados de sus tierras debido a la militarización, proyectos de infraestructuras, industrias extractivas, zonas de procesamiento de exportaciones y otros proyectos de desarrollo, deben ser repatriados a sus tierras o deberían ser compensados de manera justa. Las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales deberían ser respetadas por los gobiernos y ser la guía para la formulación y aplicación de los acuerdos comerciales. El libre consentimiento informado previo de los Pueblos Indígenas debiera obtenerse antes de comenzar ningún proyecto en sus comunidades. Los artículos 8j y 10c del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que protegen el conocimiento tradicional y los sistemas y prácticas de uso y tenencia de la tierra, deberían ser un marco para los Acuerdos de la OMC. Los gobiernos deberían apoyar la adopción inmediata del Proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ayudará a asegurar el reconocimiento y protección de nuestros derechos.
2. Detener las patentes de seres vivos y otros derechos de propiedad intelectual sobre recursos biológicos y conocimiento indígena. Asegurarse de que nosotros, los Pueblos Indígenas, conservamos nuestros derechos a tener control sobre nuestras semillas, plantas medicinales y conocimiento indígena. Pedimos una declaración explícita de prohibición de patentes de seres vivos en el acuerdo TRIPS. Pedimos también que se anulen los derechos de patente, solicitudes de patente y reclamaciones de las corporaciones, individuos o gobiernos sobre las plantas, semillas y conocimientos indígenas e, incluso, sobre materiales genéticos humanos de los Pueblos Indígenas. La biopiratería debe pararse y debe obtenerse el libre consentimiento informado previo de los Pueblos Indígenas antes de conceder el acceso a sus recursos. El tema de la protección del conocimiento tradicional no debe tratarse en el marco del TRIPS de la OMC, porque sus principios básicos contradicen los conceptos, valores y ética que subyacen los sistemas de conocimiento indígena. Este puede ser protegido de manera más efectiva bajo las Naciones Unidas, y por tanto exigimos que el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas convoque una reunión técnica para explorar cómo la ONU puede encargarse del tema de la protección del conocimiento tradicional.
3. Asegurar el derecho fundamental de los pueblos Indígenas a la salud. El derecho de los países a tomar medidas para proteger la salud pública y promover el acceso a las medicinas, debe tener prioridad sobre sus obligaciones de protección de los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones. La protección de patentes, solicitada por las corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas, debe limitarse para proteger la salud pública y la seguridad y para asegurar la producción y fácil acceso a medicinas esenciales baratas. La salud es un derecho humano básico y los Pueblos Indígenas deberían disfrutar de este derecho. Se debería permitir a los gobiernos usar la flexibilidad que permite el Acuerdo TRIPS, que se refleja en la Declaración de Doha sobre Salud Pública y TRIPS. Debiera hacerse una enmienda al TRIPS para simplificar y clarificar los procedimientos de concesión obligatoria de licencias e importación paralela, y eliminar los obstáculos innecesarios para la importación y exportación de medicinas necesarias, para proporcionar medicinas asequibles a los pobres.
4. No deben negociarse nuevos temas en esta 5ª Conferencia Ministerial. Apoyamos la posición de algunos países en desarrollo de parar el lanzamiento de una nueva ronda o de expandir la OMC con la negociación de nuevos temas como las inversiones, competencia, transparencia en el comportamiento gubernamental y facilitación del comercio. La OMC no debe desarrollar ninguna negociación sobre inversiones y debería cambiar las reglas de inversión actualmente vigentes, que reconocen derechos excesivos a las corporaciones y permiten su comportamiento sin control. Las reglas que impiden a los gobiernos intentar lograr un desarrollo basado en los derechos y en políticas ambientalmente sostenibles, deberían eliminarse.
5. Prevenir la expansión del Acuerdo GATS y reforma del acuerdo existente para frenar la privatización y liberalización de la salud, la educación, el agua, la energía y los servicios ambientales. La liberalización y privatización de servicios ambientales (por ej. parques y servicios paisajísticos), la comercialización de las culturas indígenas y el creciente monopolio en el control de la industria del turismo en manos de agencias de viajes y turismo internacionales y nacionales, debe pararse. Se nos debe permitir ser los gestores de las áreas protegidas, parques, bosques y aguas que se encuentran en nuestros territorios. Deberíamos poder seguir aplicando nuestras prácticas indígenas propias de gestión de los recursos naturales en la gestión de los bosques, aguas, biodiversidad y ecosistemas.
6. Parar las negociaciones sobre agricultura que llevan al aumento de la liberalización de la importación de los productos agrícolas. Terminar drásticamente con los subsidios internos y a la exportación dados por los EEUU y la UE a sus corporaciones agroalimentarias y agricultores ricos. Los Estados deben tomar medidas firmes para promover y proteger la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, y frenar el dumping y la introducción ilegal de productos agrícolas artificialmente baratos y muy subsidiados procedentes de los EEUU, UE, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Asegurar los derechos de los agricultores indígenas a mantener sus sistemas agrícolas indígenas y a plantar y reproducir sus semillas tradicionales. Los Estados no deben incluir los sistemas agrícolas indígenas bajo el mandato de las reglas de comercio internacionales. Los derechos de los Pueblos Indígenas a sus medios de vida tradicionales y a la comida deben ser reconocidos y protegidos, y por ello las reglas de comercio e inversiones que minen estos derechos deben ser rechazadas o debidamente reformadas.
7. Acabar con la militarización de las comunidades de los Pueblos Indígenas y parar la criminalización de las acciones de protesta y resistencia de los Pueblos Indígenas contra las industrias, programas y proyectos destructivos. Debería haber una investigación efectiva de los muchos casos de asesinatos, arrestos arbitrarios, detenciones y violaciones cometidas contra los Pueblos Indígenas y quienes les apoyan. Debería hacerse justicia debería con las víctimas y sus familias y castigarse a los perpetradores de los crímenes.
8. Apoyar y reforzar los sistemas de comercio sostenible que han existido durante siglos entre los Pueblos Indígenas de las Américas. Las rutas comerciales entre los distintos Pueblos Indígenas de las Américas (EEUU, Canadá, México) han existido durante siglos y el comercio entre ellos sigue practicándose. La militarización de las fronteras y otras prácticas destructivas han limitado mucho su escala y utilidad para los Pueblos Indígenas. El comercio entre Pueblos Indígenas debería ser apoyado y promovido.

Los ministros presentes en esta Quinta Reunión Ministerial de la OMC, tienen la responsabilidad de representar no solo los intereses comerciales, sino a toda la población de sus Estados, incluidos los Pueblos Indígenas. Los convenios y pactos existentes de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales, desarrollados en el sistema de las Naciones Unidas, siguen siendo obligación legal para los Estados, además de moral. Toda la legislación internacional, incluida la legislación de derechos humanos, les obliga.

Los pueblos indígenas somos sujetos de muchos de esos pactos y convenios y de su jurisprudencia. Nuestros derechos no pueden ser ignorados, ni su cumplimiento puede verse disminuido o comprometido por los acuerdos y regímenes comerciales. Nosotros como Pueblos Indígenas tenemos el derecho de participar como pueblos y actores en nuestro propio desarrollo, coherente con nuestra propia visión y tradición. Debe respetarse nuestro libre consentimiento informado, libre de engaño o manipulación, ejercido a través de nuestros propios sistemas tradicionales de toma de decisiones. No se nos puede imponer el desarrollo favorecido por el Estado. Nuestros derechos como pueblos a nuestras tierras y territorios y recursos naturales debe ser reconocido, respetado y observado. Nuestra supervivencia como pueblos depende de ello.