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Resistencia Global

Durante la última década millones de personas han salido a la calle en la India, en las Filipinas, Indonesia, Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Venezuela, Francia, Alemania, Italia, la República Checa, España, Suecia, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Kenya, Sudáfrica, Tailandia, Malasia y otros lugares en demostraciones masivas contra las instituciones y las políticas de la globalización empresarial. Con frecuencia los grandes medios de comunicación han hecho más por confundir que por informar al público acerca de los problemas que están detrás de las protestas. Thomas Friedman, columnista de asuntos exteriores del New York Times, es un ejemplo típico de los intelectuales que definen a los manifestantes como "proteccionistas ignorantes" que no proponen alternativas y no merecen atención seria. Muchos periodistas han tratado de reducir problemas muy complejos a un enfrentamiento simplista entre "proteccionismo" y "apertura", o entre "anarquía" y "un proceso democrático ordenado". En Estados Unidos y Europa los que protestan son vistos como niños mimados, descontentos egoístas y desinformados que quieren acabar con el comercio y la cooperación internacionales. Cualquiera que haga el mínimo esfuerzo por averiguar por qué millones de personas de prácticamente todas las naciones y las profesiones han salido a la calle descubre que esas caracterización simplistas son falsas. En cuanto a la acusación de ser enemigos de los pobres, las mayores protestas se dan en países de bajos ingresos, y la mayoría de los que participan en ellas son pobres. Igualmente desinformadas son las acusaciones de aislacionismo y xenofobia: la resistencia contra la globalización empresarial es global y confía en la cooperación internacional para alcanzar la justicia económica para todos los habitantes del planeta. Y en cuanto a ser enemigos del comercio, muchos de los dirigentes del movimiento participan activamente en la promoción del comercio justo —diferente del comercio libre y con frecuencia explotador al que se oponen– como medio de mejorar las condiciones económicas de los pobres y sus comunidades.

En realidad, la resistencia se basa en una crítica sofisticada y bien desarrollada presentada en incontables publicaciones y conferencias públicas, incluyendo entre muchos otros los documentos del Foro Internacional sobre la Globalización y numerosos libros y artículos de miembros del FIG.

Esa crítica puede encontrarse también en las publicaciones de una importante prensa independiente que relata las historias y comunica las opiniones que los medios de la corriente principal a menudo ignoran o hacen a un lado. Esas fuentes de información independientes están ampliando gradualmente la conciencia pública y haciendo crecer el número de quienes desean un cambio transformacional, pero todavía no han alcanzado la masa crítica necesaria para imponer una reformulación de los términos del debate político, que sigue dominado por los medios e intereses empresariales.

La afirmación de que los que protestan no proponen alternativas es tan falsa como las otras. Además de las alternativas descritas en libros, periódicos, conferencias y artículos y presentaciones individuales, en las últimas dos décadas diversos grupos de la sociedad civil han elaborado cuidadosamente numerosas declaraciones consensadas que plantean una gran variedad de alternativas, con una asombrosa convergencia en sus creencias acerca de los valores subyacentes a los que la sociedad humana debe servir. En 2001 y 2002, decenas de millares de personas se reunieron en Porto Alegre, Brasil, para el primer y el segundo "Foro Social Mundial", titulado "Otro mundo es posible", a fin de llevar adelante ese proceso de construcción de consenso popular hacia un mundo que funcione para todos.

Posiblemente la más obvia y directa de las alternativas propuestas por la sociedad civil consiste simplemente en declarar una moratoria para la negociación de nuevos acuerdos comerciales. Las propuestas más ambiciosas —como las presentadas en este volumen– se centran en la reorientación de las prioridades globales, nacionales y locales hacia la tarea de crear sociedades humanas saludables y sustentables que funcionen para todos. Muchas protestas se han centrado en la oposición a acuerdos comerciales, pero la sociedad civil global no es contraria al comercio. Los seres humanos han comerciado desde el origen de los tiempos y seguramente continuarán haciéndolo mientras subsistan dos o más miembros de la especie. Lo que las protestas rechazan es el uso de los acuerdos comerciales internacionales por intereses empresariales para esquivar la democracia en su campaña global por eliminar las protecciones sociales y ambientales que la gente ha luchado durante décadas, o incluso siglos, por conseguir.

El tema es el gobierno. ¿Tendrán las personas comunes una voz democrática para decidir cuáles son las mejores reglas en interés de la sociedad? ¿O se permitirá que una pequeña élite gobernante, reunida en secreto lejos de la vista del público, establezca las reglas que conformarán el futuro de la humanidad? Si lo único que preocupa a los tomadores de decisiones son los beneficios de las empresas en el próximo trimestre ¿quién se preocupará por la salud y el bienestar de la gente y del planeta? Se trata de cuestiones cada vez más serias para mucha gente que vive con la violencia y la inseguridad que se extienden por el mundo paralelamente a la creciente desigualdad, la desintegración del tejido social y el derrumbe de sistemas ambientales críticos. Esta realidad de desintegración social y ambiental es lo que ha hecho que millones de personas se unan en una alianza global informal que atraviesa las fronteras nacionales para forjar lo que puede ser considerado como el movimiento social más verdaderamente global e incluyente de la historia humana.

Los globalistas empresariales que se reúnen en salones suntuosos para trazar el curso de la globalización corporativa en nombre de beneficios privados, y los movimientos ciudadanos que se organizan para oponerse a ellos en nombre de la democracia, están separados por diferencias en sus sistemas de valores, en sus visiones del mundo y en sus definiciones del progreso. Por momentos da la impresión de que viven en mundos totalmente diferentes, y de hecho en muchos aspectos así es. Comprender sus diferencias es esencial para determinar la naturaleza y las implicaciones de las profundas elecciones que hoy enfrenta la humanidad.

Los globalistas corporativos habitan un mundo de poder y privilegio. Ven el progreso cerca por todas partes, porque desde su punto de vista el movimiento hacia la privatización de los bienes públicos y la liberación del mercado de la interferencia gubernamental difunde por el mundo libertad y prosperidad, mejorando las vidas de las personas en todo el mundo y creando la riqueza financiera y material necesaria para terminar con la pobreza y proteger el medio ambiente. Se ven a sí mismos como campeones de un proceso histórico inexorable y benéfico hacia la eliminación de las fronteras económicas y políticas que impiden la expansión corporativa, suprimiendo la tiranía de burocracias públicas entremetidas e ineficientes y desencadenando el enorme poder de innovación y creación de riqueza de la competencia y la empresa privada.

Para los globalistas corporativos, acelerar esas tendencias es una gran misión. Buscan políticas públicas y acuerdos internacionales que proporcionen mayores salvaguardas para los inversionistas y la propiedad privada y al mismo tiempo eliminen las restricciones al libre movimiento de bienes, dinero y empresas en busca de oportunidades económicas donde quiera que se encuentren. Saludan a las empresas globales como las máximas y más eficientes instituciones humanas, poderosos motores de innovación y creación de riqueza que por todas partes están arrasando las barreras al progreso y la realización humanos. Celebran al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio como instituciones esenciales y benéficas para el gobierno global, dedicadas a la gran tarea de reformular las reglas del comercio a fin de liberar al mercado y crear las condiciones esenciales para el crecimiento económico.

Los globalistas corporativos adhieren a esa visión del mundo como a un catecismo. Las diferencias entre ellos tienen que ver principalmente con la medida en que conviene que los gobiernos subsidien a las empresas privadas o provean redes de seguridad para amortiguar la caída de los perdedores en la implacable competencia del mercado.

Los movimientos ciudadanos ven una realidad muy diferente. Como su foco está en la gente y en el medio ambiente, ellos ven al mundo en una crisis cuya magnitud amenaza el tejido de la civilización y la supervivencia de la especie, un mundo donde la desigualdad crece rápidamente, las relaciones de confianza y afecto van siendo erosionadas y los sistemas planetarios de soporte de la vida están fallando. Mientras que los globalistas corporativos ven expansión de la democracia y economías de mercado florecientes, los movimientos ciudadanos ven que el poder de gobernar se va apartando de la gente y las comunidades y pasando a los especuladores financieros y las empresas globales dedicadas a la búsqueda de beneficios inmediatos, ignorando toda preocupación humana y natural. Ven a las empresas sustituyendo las democracias de personas por democracias del dinero, remplazando a los mercados autoorganizados por economías corporativas centralmente planificadas, y a todas las culturas por culturas de codicia y materialismo. A los ojos de los movimientos ciudadanos esas tendencias no son resultado de una fuerza histórica inexorable sino más bien de las acciones intencionales de un sistema político corrupto inundado de dinero empresarial. Ven al Banco Mundial, el FMI y la OMC como los principales instrumentos de ese ataque contra la gente y el medio ambiente. Irónicamente, los movimientos ciudadanos buscan muchas de las cosas que los globalistas corporativos afirman ofrecer sin jamás cumplirlo: participación democrática, economías con empresas que ofrezcan buenos empleos y respondan a las necesidades y preferencias reales de sus clientes, un ambiente sano, el fin de la pobreza. Sin embargo, mientras que los globalistas corporativos buscan una economía global competitiva gobernada por megaempresas que no deban lealtad a ninguna persona ni lugar, los movimientos ciudadanos buscan un sistema planetario de economías formadas por empresas de propiedad local y obligadas a rendir cuentas a todos los interesados. Los movimientos ciudadanos trabajan por justicia económica para todos, cooperación internacional, vibrante diversidad cultural y sociedades sanas y sustentables que valoren la vida más que el dinero. Los movimientos ciudadanos reconocen que los globalistas corporativos no pueden cumplir sus promesas porque los imperativos financieros estrechos y cortos de vista que rigen sus instituciones son opuestos a ellas. Es posible que muchos globalistas corporativos actén con las mejores intenciones, pero su propio éxito financiero los ciega a los costos de ese éxito para los que no tienen lugar a la mesa, incluyendo a las generaciones futuras.

En general los globalistas corporativos miden el progreso por indicadores de su propia riqueza financiera, como la elevación de precios en la bolsa y la producción total de bienes y servicios para quienes pueden pagarlos. Con excepción de dificultades cíclicas en América Latina y otros lugares y la declinación del ingreso per capita en los países africanos más pobres, en general esos indicadores cumplen su función, confirmando a ojos de los globalistas corporativos su premisa de que su programa está enriqueciendo al mundo. (Obsérvese que en julio de 2002, cuando este libro estaba casi listo para la imprenta, los principales indicadores de la bolsa estadounidense cayeron más de 5 por ciento en una semana.)

En cambio los movimientos ciudadanos miden el progreso por indicadores del bienestar de la gente y la naturaleza, con especial interés por la vida de los más necesitados. Con excepción de los muy visibles bolsones de privilegio de que disfrutan los globalistas empresariales, esos indicadores se van deteriorando a un ritmo aterrador, lo que hace pensar que en términos de lo que realmente importa el mundo se va empobreciendo rápidamente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informa que el número de personas con hambre crónica declinó incesantemente en el mundo durante las décadas de 1970 y 1980 pero desde comienzos de la de 1990 está aumentando. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que para 2008 estarán subalimentados dos tercios de la población del África subsahariana, y el 40 por ciento de la asiática.

En un mundo en el que unos pocos disfrutan de una riqueza inimaginable, doscientos millones de niños de menos de 5 años están por debajo de su peso debido a la escasez de alimento. Alrededor de catorce millones de niños mueren cada año de enfermedades relacionadas con el hambre. Cien millones de niños viven o trabajan en las calles. Durante la década de 1990 trescientos mil niños fueron reclutados como soldados, y seis millones fueron heridos en conflictos armados. Cada noche, ochocientos millones de personas se acuestan con hambre. Y esta tragedia humana no está limitada a los países más pobres. En un país tan rico como Estados Unidos, 6.1 millones de adultos y 3.3 millones de niños pasan hambre. Alrededor del 10 por ciento de los hogares del país, que representan 31 millones de personas, no tienen acceso a comida suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Estos son algunos de los muchos indicadores que apuntan a una crisis social global cada vez más grave.

En el aspecto ambiental, un estudio conjunto publicado en septiembre de 2000 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Banco Mundial y el Instituto de Recursos Mundiales evaluaron cinco tipos de ecosistemas —agrícola, costero, selvático, de agua dulce y de pastizal– en relación con cinco servicios del ecosistema: producción de alimentos y fibra, cantidad de agua, calidad del aire, biodiversidad y almacenamiento de carbono. Encontraron que de esas veinticinco combinaciones de servicios de los ecosistemas, dieciséis mostraban tendencias a la declinación. La única tendencia positiva estaba en la producción de alimentos y fibra por los ecosistemas selváticos, resultado de la expansión de la silvicultura industrial de monocultivo a expensas de la diversidad de especies.

Se calcula que la actividad humana —en particular la quema de combustibles fósiles– ha hecho aumentar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a los niveles más altos en veinte millones de años. Según el Worldwatch Institute, tanque de pensamiento ambiental, durante la década de 1990 los desastres naturales, incluyendo los relacionados con el clima como tormentas, inundaciones e incendios, afectaron a más de dos millones de personas y causaron pérdidas económicas por más de 608 mil millones de dólares en todo el mundo, más que en los cuarenta años precedentes. Sólo en 1998 trescientos millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares transitoria o permanentemente debido a eventos climáticos extremos.

Cada día se hace cada vez más imperativo repensar las prioridades e instituciones humanas. Y sin embargo la mayoría de los globalistas corporativos, en estado de negación profunda, reiteran su mantra de que con tiempo y paciencia la globalización empresarial creará la riqueza necesaria para acabar con la pobreza y proteger el medio ambiente. Los movimientos ciudadanos responden que las políticas y los procesos de la globalización empresarial están destruyendo la riqueza real del planeta a la vez que impulsan una competencia primitiva en la que el ganador se lleva todo que va ensanchando inexorablemente la brecha entre ricos y pobres. Rechazan como absurdo el argumento de que los pobres deben ser explotados y el ambiente arrasado para obtener el dinero necesario para terminar con la pobreza y salvar al planeta. Muchos movimientos ciudadanos ven el actual imperativo de un cambio transformacional como una oportunidad de elevar a la humanidad a un nuevo nivel de posibilidades, el mayor desafío creativo en la historia de la especie. Y sin embargo la experiencia los lleva a concluir que las instituciones que tienen el poder necesario para dirigir ese proceso no tienen ni la capacidad ni el deseo de hacerlo. Y no hay motivo realista para esperar que dirigentes ricamente recompensados por el status quo y aferrados a la visión de que no hay alternativa vayan a experimentar una revelación súbita. El desafío de proveer un liderazgo para el proceso de crear un mundo justo y sustentable, por lo tanto, toca a los cientos de millones de personas extraordinarias de la sociedad global en surgimiento que cree que un mundo mejor es posible, y que está forjando alianzas globales con miras a desplazar los poderes de gobierno hacia instituciones democráticas de arraigo local y escala humana que valoren la vida más que el dinero. Los más visibles son los que han salido a la calle a protestar, pero igualmente importantes y aún más numerosos son los que están luchando por reconstruir sus comunidades y economías locales frente a las fuerzas institucionales alineadas contra ellos.

El bienestar presente y futuro de la humanidad depende de la transformación de las relaciones de poder dentro de las sociedades y entre ellas hacia modos más democráticos de manejar los asuntos humanos, con obligación mutua de rendir cuentas, autoorganización, coparticipación en el poder y minimización de la necesidad de una autoridad central coercitiva. La democracia económica, que implica la participación equitativa de todos en la propiedad de los activos productivos de los que depende su subsistencia, es esencial para esa transformación porque la concentración del poder económico es el talón de Aquiles de la democracia política, como lo demuestra la experiencia de la globalización empresarial. Las luchas políticas definitorias del siglo XX se centraron en la elección entre socialismo y capitalismo. Ambos centralizaban el poder de propiedad en instituciones que no tenían que rendir cuentas a nadie, el estado en el caso del socialismo y la empresa en el capitalismo. Ambos iban en contra del ideal de la economía liberal clásica de mercados autoorganizados, mercados en los que las comunidades se organizan para responder a las necesidades locales en el marco de reglas democráticamente determinadas. Pero aunque rara vez se señala, la democracia económica es tan esencial para el funcionamiento eficiente de las economías como una regulación pública sana. Los mercados actuales responden únicamente al dinero, y por eso prestan atención excesiva a los deseos de los ricos e ignoran las necesidades más básicas de los pobres. La democracia económica es además una base necesaria de la autodeterminación económica individual, comunitaria y nacional —el derecho a decidir las propias prioridades económicas y las reglas de la propia vida económica– porque contribuye a que cada persona tenga una voz política. Al mismo tiempo, hay que considerar lo que se gana y lo que se pierde en la elección entre la creación de reglas local, nacional y global. Por ejemplo, la sociedad civil está fuertemente comprometida con la elevación de las normas sociales y ambientales en todas partes. Para ese fin, algunos activistas llaman al establecimiento de normas laborales, de salud y seguridad y ambientales universales, si es posible respaldadas por sanciones comerciales. Señalan correctamente que permitir normas diferentes en una economía global abierta y competitiva inevitablemente presiona a todos para que rebajen sus normas. Pero otros señalan que son invariablemente las naciones fuertes las que abogan por normas uniformes, porque tienen el poder de imponer las reglas que les convengan a las naciones más débiles. Además, las normas internacionales uniformes no sólo violan el derecho democrático a la autodeterminación sino que además ignoran las diferencias en condiciones y preferencias locales. Los que adoptan esa posición piden medidas que aseguren el derecho de las naciones e incluso de entidades menores a escoger sus propias normas adecuadas a sus circunstancias, mientras no pasen a otros el peso de sus decisiones.

Las dos posiciones reflejan inquietudes válidas. Las diferencias están relacionadas en parte con la prioridad acordada a la autosuficiencia económica. Cuanto menos autosuficiente es una comunidad o una nación, mayor es su dependencia externa y mayor su necesidad de reglas globales uniformes para evitar una presión hacia abajo sobre las normas en todas partes. Por la misma razón, cuanto mayor es la autosuficiencia de una comunidad o nación, mayor margen habrá para la flexibilidad y la adaptación a circunstancias locales. En el FIG, el diálogo sobre esas diferencias ha llevado a un consenso a favor de la autosuficiencia y la autodeterminación local.

La preocupación por la autosuficiencia y la autodeterminación locales tiene implicaciones importantes para el gobierno global. Por ejemplo, en un sistema autosuficiente y localizado, la autoridad primaria para establecer reglas y hacerlas acatar corresponde a los gobiernos nacional y local de las jurisdicciones donde rigen. El papel de las instituciones internacionales consiste en facilitar la coordinación de las políticas nacionales sobre temas en que los intereses de las naciones están intrínsecamente unidos, como por ejemplo el calentamiento global. Por supuesto un compromiso democrático con la autodeterminación significa que por último toca a la población de cada nación —si es que no a cada grupo indígena o comunidad local– decidir en qué medida han de integrar su propia economía con las economías de otras naciones. Es probable que la población de diferentes países llegue a decisiones diferentes. Lo apropiado sería que el interés internacional quede limitado a asegurar que las decisiones se tomen en forma democrática, que las relaciones económicas entre los países sean justas y equilibradas, que ningún país acumule deudas imposibles de pagar con el resto del sistema y que cada una de las economías nacionales esté asegurada contra intervenciones predatorias de naciones y empresas extranjeras.

Ciertamente hay necesidad de instituciones internacionales que faciliten el intercambio cooperativo y resuelvan los inevitables conflictos entre intereses nacionales rivales en busca de soluciones para problemas globales. Pero esas instituciones deben ser trasparentes y democráticas y defender el derecho a la autodeterminación de la gente, las comunidades y las naciones. El Banco Mundial, el FMI y la OMC violan cada una de esas condiciones a tal punto que los autores de este libro recomiendan desautorizarlos y construir nuevas instituciones bajo la autoridad de una Organización de Naciones Unidas reformada y fortalecida. Esas nuevas instituciones serían responsables por liberar a las naciones del Tercer Mundo de la carga de deudas internacionales impagables, ayudando a todas las naciones a equilibrar sus cuentas de comercio internacional y de inversiones de acuerdo con el sistema global, y trabajando con los gobiernos nacionales para establecer la obligación pública de rendir cuentas para las empresas cuyas operaciones atraviesan fronteras nacionales.